La doctrina del control: Cómo EE.UU y Israel mueven los hilos del tablero político latinoamericano

Olvídate de la vieja idea romántica de que la política en América Latina cambia simplemente porque la gente se cansa de un gobierno, se levanta de buen humor y vota por otro en las urnas. Lo que estamos viviendo hoy en la región no es un fenómeno aislado ni un simple capricho electoral; es una contraofensiva geopolítica de manual, fría, milimétricamente calculada y ejecutada por bloques de poder transnacionales. Detrás del vertiginoso auge de la nueva derecha en el continente no solo hay candidatos carismáticos o campañas virales de TikTok, sino dos arquitectos clave que prefieren operar desde las sombras del tablero internacional: Estados Unidos e Israel.

A través de tecnología de vigilancia de punta, discursos de "mano dura" ultraefectivos y un blindaje diplomático y financiero estratégico, estas potencias están rediseñando el mapa político de nuestra región. ¿El objetivo real? Asegurar el orden interno a cualquier costo, garantizar el control de los recursos naturales del futuro y mantener a raya a sus rivales globales en una época de altísima inestabilidad.

Adiós al progresismo, hola al "orden absoluto"

Hace apenas unos años, América Latina respiraba el aire de la llamada "Ola Rosa": un ciclo de gobiernos progresistas y de izquierda que, con sus aciertos y errores, buscaban que la región tomara sus propias decisiones en bloque, fortaleciendo espacios de integración propia como la UNASUR o la CELAC sin pedirle permiso ni rendirle cuentas a las grandes potencias de siempre. Sin embargo, la receta perfecta para el colapso se cocinó rápido, el fin del superciclo de las materias primas asfixió las economías locales, la corrupción institucional desgastó la confianza pública y la explosión transnacional del crimen organizado sembró el pánico en las clases medias y bajas. Este escenario de caos le abrió la puerta de par en par a una derecha completamente renovada, agresiva y pragmática.

Esta nueva derecha ya no te vende únicamente el viejo y aburrido discurso del libre mercado neoliberal o las privatizaciones de los años 90; ahora su producto estrella es la promesa de seguridad total, la militarización del espacio público como estética de orden y una alianza ideológica e incondicional con el eje de poder occidental. No se trata de una casualidad ni de una evolución política orgánica. Las potencias extranjeras han sabido capitalizar con maestría este miedo colectivo y la fragilidad de las instituciones locales para volver a meter las manos en la política doméstica. Así, promueven recetas de control donde la estabilidad de las inversiones y la disciplina social importan mucho más que los derechos humanos, los procesos democráticos o la soberanía nacional.

El mapa de la situación, País por país

Esta estrategia global no se aplica como una fórmula rígida, sino que se adapta de forma quirúrgica a las debilidades, fracturas sociales y necesidades específicas de cada nación:

• Argentina: Bajo la administración de Javier Milei, el país dio un giro radical al abandonar el grupo de los BRICS y alinearse incondicionalmente con Washington y Tel Aviv. El Comando Sur de EE. UU. ha ganado un acceso territorial inédito, consolidando proyectos estratégicos como la base naval integrada en Tierra del Fuego —clave para el control del Atlántico Sur y el acceso a la Antártida— y la firma de acuerdos para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense supervise la Hidrovía Paraná-Paraguay. Israel opera como un aliado ideológico y proveedor tecnológico prioritario.
  La problemática de la derecha: Según datos oficiales del INDEC, el impacto inmediato de las políticas de desregulación de precios, la devaluación y el recorte de subsidios ha disparado la pobreza por encima del 52% y la indigencia a niveles récord, provocando una severa recesión económica, el cierre de miles de pequeñas empresas y una pérdida histórica del poder adquisitivo de los trabajadores.
• Perú: Tras la destitución de Pedro Castillo, el poder fáctico se concentró en una coalición congresal de derecha que mantiene un control estricto sobre el Tribunal Constitucional y el aparato de justicia, relegando al poder Ejecutivo a una posición de extrema debilidad. Estados Unidos respalda este esquema institucional mediante continuos programas de cooperación militar y asistencia financiera que garantizan la estabilidad de sus inversiones mineras y energéticas.
  La problemática de la derecha: Con el fin de contener el descontento popular, el Congreso aprobó leyes polémicas como la tipificación de la protesta bajo figuras severas (equiparables a lo que la oposición denuncia como "terrorismo urbano"). Paralelamente, se han flexibilizado normativas ambientales y de ordenamiento territorial, lo que según organizaciones de derechos humanos debilita la protección de los pueblos indígenas y facilita la entrega masiva de concesiones de cobre y litio a multinacionales sin consultas previas transparentes.
• Chile: Capitalizando el descontento social por el incremento en las tasas de homicidios y la presencia de carteles transnacionales (como el Tren de Aragua), las fuerzas de la derecha dura han condicionado por completo la agenda del gobierno de Gabriel Boric. Israel influye de manera decisiva como el principal referente tecnológico de este sector, promoviendo la compra de sofisticados sistemas de ciberinteligencia, software de reconocimiento biométrico y drones militares desarrollados originalmente para la seguridad fronteriza en Medio Oriente.
  La problemática de la derecha: La constante presión de los sectores conservadores ha priorizado la militarización de las fronteras norte y sur del país. Organismos internacionales han advertido que este enfoque de "seguridad nacional" criminaliza la migración, provoca alarmantes violaciones a los derechos humanos y despliega herramientas de vigilancia masiva que terminan utilizándose para reprimir la protesta estudiantil y las demandas del pueblo Mapuche, ignorando las causas sociales del problema.
• Colombia: Pese a contar con el gobierno de izquierda de Gustavo Petro, las estructuras de la derecha tradicional mantienen el control de los principales medios de comunicación, los gremios económicos y sectores clave de la justicia y las Fuerzas Armadas. La influencia de Estados Unidos (a través del histórico Plan Colombia y su estatus de Aliado importante no-OTAN) e Israel (mediante los contratos estatales de mantenimiento de la flota aérea militar y sistemas de inteligencia) sigue siendo el pilar fáctico del estamento de seguridad nacional.
  La problemática de la derecha: Las bancadas de derecha en el Congreso y los fallos judiciales de los tribunales tradicionales han bloqueado o dilatado sistemáticamente las reformas estructurales de salud, pensiones y la reforma agraria. El mantenimiento de la doctrina militar heredada de la Guerra Fría sigue perpetuando un ambiente de hostilidad en el territorio, donde los líderes sociales, reclamantes de tierras y defensores ambientales siguen siendo asesinados sistemáticamente ante la ineficacia institucional para protegerlos.
• Bolivia: El país arrastra una asfixiante crisis económica marcada por la escasez de dólares y combustibles, un escenario que ha sido capitalizado políticamente por las élites empresariales tradicionales de la región de Santa Cruz y la oposición de derecha para desestabilizar al gobierno central mediante paros cívicos y bloqueos. Organizaciones civiles denuncian que fundaciones financiadas por capitales norteamericanos operan tras bambalinas apoyando discursos divisorios y promoviendo la privatización de los servicios públicos.
  La problemática de la derecha: La derecha utiliza el malestar económico para presionar por el desmantelamiento del modelo económico estatal. Su objetivo geoestratégico es forzar la apertura de las inmensas reservas de litio del Salar de Uyuni —el depósito más grande del planeta— al capital privado transnacional estadounidense para frenar los contratos vigentes con consorcios chinos y rusos, lo que despojaría al Estado boliviano de sus regalías y pondría en severo riesgo ambiental los frágiles ecosistemas hídricos de las comunidades altiplánicas.

El Comando Sur y la "guerra sin armas" de EE. UU.

Para mantener su hegemonía, Estados Unidos ya no necesita enviar oleadas de marines a las playas latinoamericanas ni financiar sangrientos golpes de Estado militares al estilo de los años 70. En pleno siglo XXI, los métodos del Pentágono se han vuelto infinitamente más limpios, baratos y sofisticados. El brazo ejecutor de esta estrategia es el Comando Sur de los EE. UU. Su táctica actual no se basa en bombardeos, sino en la diplomacia militar de alto nivel: visitas constantes de generales de cuatro estrellas, misiones de "asistencia humanitaria", ejercicios conjuntos y programas de financiamiento condicionado. Con esto, reconfiguran la mentalidad de los ejércitos locales, convenciéndolos de que su principal enemigo ya no es una potencia extranjera, sino las "amenazas internas", una categoría tan ambigua que termina englobando la protesta social y la oposición política.

Por otro lado, la herramienta civil más poderosa de Washington es el famoso lawfare (o guerra jurídica). A través de una densa red de fundaciones privadas, agencias de cooperación y think tanks de derecha financiados desde el Norte global, se financia y entrena a jueces, fiscales y líderes políticos de la región. El objetivo es aprender a usar las leyes y los tribunales como armas políticas de destrucción masiva. Mediante juicios exprés por corrupción (muchas veces basados en titulares de prensa y sin pruebas sólidas), logran inhabilitar, encarcelar o destituir a los líderes de izquierda más populares del continente, asegurando que el poder regrese a las élites conservadoras manteniendo una perfecta apariencia de legalidad democrática.

La joya de la corona: El control de los bienes comunes de la naturaleza. Los altos mandos militares de EE. UU. lo han dicho públicamente y sin ningún tipo de filtro diplomático: las descomunales reservas de litio del Cono Sur, el agua dulce de los acuíferos y el petróleo de la región son considerados asuntos de "seguridad nacional" para el hemisferio occidental. La lógica es aplastante, quien controle la ideología de los gobernantes locales, se queda con las llaves de los recursos del planeta.

El sello de Israel: Ciberespionaje corporativo y policías militarizadas

Si Estados Unidos se encarga de poner el dinero, el marco macroeconómico y el diseño legal de la región, Israel aporta la dimensión operativa, tecnológica y de choque táctico en el terreno. En las últimas décadas, el complejo militar-industrial israelí ha encontrado en la derecha latinoamericana a su cliente más fiel y lucrativo. Tel Aviv se ha convertido en el proveedor favorito de software de cibervigilancia de última generación (como el polémico y oscuro programa Pegasus), drones de reconocimiento táctico, sistemas de interceptación de llamadas y armamento ligero de alta precisión.

Esta relación comercial ha provocado una inquietante "israelización" de las fuerzas de seguridad pública en nuestro continente. Bajo la eterna y legítima excusa de combatir el narcotráfico y las bandas criminales transnacionales, delegaciones enteras de policías y militares de países como Colombia, Chile y Argentina viajan a recibir entrenamiento directo de expertos israelíes. El gran peligro de esto es puramente conceptual, estas tácticas de contrainsurgencia, inteligencia urbana y control de masas fueron diseñadas originalmente para contextos de ocupación militar y guerra asimétrica contra poblaciones consideradas enemigas. Cuando se importan a América Latina, esas mismas metodologías de fuerza desmedida se terminan aplicando en las calles de Santiago, Lima o Bogotá contra estudiantes universitarios, sindicatos de trabajadores y comunidades indígenas que salen a protestar pacíficamente por mejoras económicas.

La Guerra Fría 2.0, el litio y la geopolítica del petróleo

¿Por qué este repentino e intenso interés de las potencias por asegurar el giro a la derecha en nuestros países? La respuesta está en el macrotablero global, el mundo está viviendo una nueva Guerra Fría donde Estados Unidos y el histórico bloque occidental compiten cabeza a cabeza por la hegemonía económica y tecnológica frente al colosal crecimiento de China y la influencia militar de Rusia en el Sur global. En esa partida de ajedrez, América Latina ya no es solo el "patio trasero"; es, literalmente, la mina de oro y el tanque de combustible que definirá quién ganará la transición tecnológica y energética del siglo XXI.

Por un lado, el corazón geográfico de esta disputa es el llamado "Triángulo del Litio", una zona comprendida entre los salares de Argentina, Bolivia y Chile que concentra más del 50% de las reservas mundiales de este mineral no metálico. El litio es el "petróleo blanco", el insumo absolutamente indispensable para fabricar las baterías de los teléfonos independientes, los sistemas de almacenamiento de energía limpia y, sobre todo, la gigantesca industria de los autos eléctricos.

Por el otro, y de manera igual de crítica, está la vieja pero siempre vital disputa por el petróleo tradicional. Aunque el mundo hable de transición verde, el crudo sigue moviendo la economía global y América Latina posee algunas de las reservas más masivas del planeta, con Venezuela a la cabeza, pero seguida muy de cerca por los enormes yacimientos de esquisto de Vaca Muerta en Argentina, el crudo de la cuenca amazónica y las plataformas marítimas de la región. Controlar políticamente a estos países no solo asegura que el flujo de petróleo abastezca a Occidente en caso de crisis internacionales en Medio Oriente, sino que evita que estos gigantescos recursos energéticos terminen financiando o alimentando la maquinaria industrial de Pekín.

Al asegurar que en estos países gobiernen partidos de derecha dóciles, pro-occidentales y abiertos a las privatizaciones, Washington garantiza que tanto el litio del futuro como el petróleo del presente fluyan exclusivamente hacia las cadenas de producción y refinamiento del Norte global. Al mismo tiempo, bloquea por completo los multimillonarios contratos de infraestructura, conectividad y perforación que Pekín intenta desplegar mediante la Iniciativa de la Franja y la Ruta. No están defendiendo la libertad abstracta de los latinoamericanos; están defendiendo el monopolio del mercado tecnológico y energético total.

¿Y qué nos afecta en el día a día?

Las consecuencias directas de la aplicación de esta "doctrina del control" ya se están sintiendo en la vida cotidiana de los ciudadanos y dibujan un panorama bastante sombrío para el porvenir del continente:

• Pérdida absoluta de soberanía: Las decisiones económicas y ambientales más importantes de nuestros países ya no se toman en los congresos locales pensando en el bienestar de la población. Se toman en los directorios de Washington o Tel Aviv en función de sus necesidades geopolíticas de seguridad.
• Democracias de fachada: Las elecciones populares corren el riesgo de convertirse en un mero trámite cosmético. El ciudadano común puede salir a votar y cambiar de presidente, pero si los contratos extractivos, el modelo económico de desigualdad y el tutelaje militar no se pueden tocar por miedo a las sanciones externas, la democracia se vuelve una estructura vacía y sin poder real.
• Hipervigilancia y censura: Con la narrativa de cuidarte de la delincuencia común, los gobiernos justifican presupuestos millonarios para comprar software espía. Estas tecnologías terminan usándose para vigilar las comunicaciones privadas de periodistas, hackear las redes sociales de activistas ambientales y rastrear perfiles de cualquier ciudadano que se vuelva una voz crítica incómoda para el sistema.

Mientras las élites políticas locales destapan champán y celebran el retorno del "orden y la seguridad" bajo el ala protectora del Pentágono, las venas de América Latina se vuelven a abrir de par en par. Nos arriesgamos a consolidar un continente de sociedades hipervigiladas, endeudadas y militarizadas, donde la riqueza natural sale en barcos hacia los centros de poder del Norte, mientras en el Sur nos quedamos atrapados con el control social, la represión y la pobreza de siempre.

A este sombrío panorama se suma el altísimo costo humano y ambiental que la doctrina del control deja a su paso. Por un lado, la sistemática violación de los derechos humanos deja de ser una excepción para convertirse en una política de Estado camuflada bajo discursos de seguridad nacional; la persecución de líderes sociales, la tortura psicológica digital y la criminalización de las protestas populares recuerdan las épocas más oscuras de nuestra historia. Por el otro, la aceleración de este extractivismo feroz de minerales y combustibles fósiles está sentenciando a muerte a nuestra biodiversidad. Amazonías enteras arrasadas por la minería ilegal y corporativa, salares y acuíferos sagrados disecados por la fiebre del litio, y comunidades enteras desplazadas por el veneno del fracking petrolero destruyen ecosistemas únicos que jamás se podrán recuperar. Lo que realmente se está hipotecando aquí no es solo el futuro político de una región, sino la propia vida de un continente condenado a ser la cantera sacrificable del Norte global.